De acuerdo con las autoridades, el ‘modus operandi’ de estos tres hermanos era identificar en los barrios periféricos a familias desplazadas por grupos al margen de la ley, para obligarlas a guardar armas y alucinógenos en sus viviendas, a cambio de ganancias económicas.
En caso de no obtener una respuesta positiva por parte de algunas familias, esta organización procedía a ejercer fuerza mediante amenazas contra sus vidas y acciones como tirar piedras a las viviendas.
Como resultado, se estableció que este grupo delincuencial obligó a cerca de 20 personas integrantes de cinco familias de Ibagué a abandonar sus viviendas y desplazarse a otras partes de la ciudad e incluso del país.
“Es increíble que este clan familiar usaba a sus propios hijos para la distribución de alucinógenos y armas en el sector. Niños a quienes les fueron restablecidos sus derechos ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, indicó el general Jesús Alejandro Barrera, director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional.
“Para la captura de estas personas, se ejecutaron tres órdenes de registro y allanamiento, lo que permitió aprehender a los tres hermanos. Sin embargo, un cuarto hermano y su esposa habrían salido del país, lo que impidió la captura total de este clan familiar”, concluyó el oficial.
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