No importa si el gato es negro o blanco, mientras pueda cazar los ratones es un buen gato”, célebre y profunda frase con la que Deng Xiaoping visualizo en 1978 la ruta de transformación y desarrollo que adoptaría la República Popular China, que, de no haberlo hecho, con semejante población para ese entonces, seguramente habrían muerto en medio del hambre y la pobreza que genera el comunismo. China adopto un modelo hibrido basado en una “economía de mercado” en el que se liberalizó la economía, permitiendo el resurgimiento del sector privado, garantizando la independencia económica, el desarrollo tecnológico y la apertura, donde cada quien crece económicamente y tiene conforme a los méritos y el esfuerzo, todos trabajan, producen y reciben, diferente a los modelos socialistas adoptados en Cuba y Venezuela que son un desastre.

En Colombia no importa si el presidente es blanco o negro, rojo o azul, de derecha o izquierda, no es tan relevante para el futuro del país que llegue Fico, Petro, Sergio o Rodolfo, realmente el gran problema estructural radica en el paquidérmico modelo de estado centralista que tiene a las regiones (departamentos y municipios) en el subdesarrollo y la pobreza.

Solo para poner unos ejemplos del complejo centralismo que vive el país, quiero traer a colación los siguientes puntos: De acuerdo al informe de recaudo de la DIAN, para el año 2020, el recaudo total de impuestos en Colombia fue de $146.18 billones, distribuidos entre impuesto al patrimonio, impuesto simple, IVA, retención Renta e impuesto al consumo. El comportamiento del recaudo tributario total en Colombia, muestra que un 85% corresponde a impuestos nacionales, un 11% a impuestos municipales y el restante, tan solo un 4%, corresponde a impuestos departamentales. Recordemos que los impuestos municipales son progresivos, pero solo en aquellas ciudades donde se realizan actualizaciones catastrales para incrementar el cobro de predial y donde las actividades económicas generan impuesto de Industria y Comercio, algo que sucede en las ciudades capitales, mientras el 87% de los municipios en Colombia, es decir 957 de los 1.101 son de sexta categoría, lo que recaudan apenas les alcanza para pagar la nómina, no quedan recursos para inversión en temas de infraestructura en vías terciarias, programas productivos, salud o educación. Acá inicia el viacrucis o dependencia del estado central que apenas envía migajas representadas en un obsoleto Sistema General de Participación y unas paupérrimas regalías que apenas alcanzan para realizar pequeñas inversiones.

Mucho peor es la situación de los departamentos que tan solo recaudan el 4% del pastel tributario en Colombia, lo más triste es que los impuestos de las gobernaciones son regresivos, pues dependen en su gran mayoría del Impuesto al monopolio y vehículos y especialmente del consumo de licores, cerveza y cigarrillo. Una luz al final del túnel son las regalías en la bolsa departamental que representa el 60% y las bolsas regionales más conocidas como OCADS que representan un 40% para repartir entre varios departamentos, lo grave del asunto es que es el gobierno central el que además de exigir una tramitología inmensa, autoriza o no estas ejecuciones, es decir que sigue imperando el poder del “centralismo”.

El Presupuesto General de la Nación PGN aprobado por el Congreso de la República para cada vigencia se ha comportado de la siguiente manera: 2018 ($235.6 billones), 2019 ($259 billones), 2020 ($271.7 billones), 2021 ($313.9 billones) y 2022 ($350.4 billones); mientras el presupuesto de un departamento como el del Tolima para un período de 4 años de gobierno puede ascender apenas a $4 billones (un billón por año), triste realidad.

Esto quiere decir que, por cada $100 que un presidente maneja de presupuesto, un gobernador, como el del Tolima, maneja 37 centavos. Por cada $100 que la nación destino para inversión en 2021, al departamento del Tolima le correspondieron míseros 7 centavos.

Solo por poner un ejemplo como el de vías terciarias, donde el Tolima cuenta con 12.000 Km, 11.000 de ellos en muy mal estado a causa de la geográfica del territorio y las inclemencias del invierno; teniendo en cuenta que pavimentar un Km de placa huella puede tener un costo promedio de $950 millones por Km, significa que se requieren $10.45 billones para pavimentar la totalidad de las vías terciarias del Tolima. Esto quiere decir que, si el Tolima dedicara la mitad de su presupuesto de inversión cada año para pavimentar vías terciarias, le tomaría 66 años de gobierno (16 períodos de gobernador) para realizar esta tarea.

Entendiendo el difícil panorama financiero para departamentos como el Tolima, es de valorar el gran esfuerzo que hace el gobierno departamental en cabeza del gobernador Ricardo Orozco, al priorizar el programa de gratuidad educativa en la universidad del Tolima (matricula cero $0), así como las inversiones para el mantenimiento de vías terciarias, la recuperación del hospital Federico Lleras, el fortalecimiento del sistema de salud departamental y las inversiones en programas deportivos que hoy gozan de reconocimiento a nivel nacional e internacional gracias a la consolidación del territorio como “Destino Deporte”.

Queda completamente demostrado que el gran problema para los departamentos y municipios es el “centralismo de estado”, que además de ser político también es económico, la redistribución de los recursos debe recaer en las regiones como sucede en países federalistas o regionalizados como Estados Unidos, Alemania o España, que adoptaron modelos de descentralización para una eficiente administración y ejecución de los recursos públicos.

Colombia necesita de una profunda reforma constitucional que redibuje el modelo de estado, quitándole el poder al “estado central”, empoderando y dando autonomía a las regiones, para que sean las llamadas a recaudar, administrar y distribuir los recursos a partir de la priorización de inversiones. Se debe romper el círculo vicioso del centralismo, de lo contrario viviremos otros cien años de soledad, pobreza y desigualdad. El camino será largo y espinoso, pero es un punto de ruptura necesario para dar inicio a una verdadera transformación de país.

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