Son muchos los interrogantes que resultan ante la decisión de la Procuraduría General de la Nación, de suspender de sus labores político-administrativas a los alcaldes Daniel Quintero y Andrés Felipe Hurtado, de Medellín e Ibagué respectivamente, debido a la participación e influencia electoral que éstos tuvieron en la pasada consulta presidencial, debido a sus comentarios explícitos alrededor de los candidatos en disputa.
Escenario electoral en el cual Gustavo Petro y Federico Gutiérrez se consolidaron como los candidatos presidenciales del Pacto Histórico y Equipo por Colombia; alianzas políticas en las cuales se espera saldrá –según las encuestas- el próximo presidente del país. Dicho esto, y ante el contexto disciplinario actual conducido por la Procuraduría, surgen múltiples interrogantes, reflexiones o suspicacias, entre ellas:
i. Llama la atención la prontitud por parte del ente de control de cumplir medidas disciplinares como esta, en la cual, dos alcaldes de capitales departamentales se ven sancionados disciplinariamente por su injerencia en política, ¿no es esto un antecedente histórico en materia electoral y disciplinaria en el país?
ii. ¿Por qué dicha prontitud, eficiencia y disposiciones exprés en materia disciplinaria para los funcionarios públicos, no ha sido la misma ante la injerencia en el escenario electoral del mismo presidente de la república y el comandante del ejército Gral. Eduardo Zapateiro? Este último, con el agravante de ser uno de integrante de la fuerza pública, quiénes por compromiso y ley castrense no deben participar en política.
iii. La decisión de la procuradora Margarita Cabello, ¿podría analizarse como una disposición disciplinaria salomónica, de llamar al orden a funcionarios públicos que han intervenido en el escenario electoral, tanto en favor del Pacto Histórico y del Equipo por Colombia? Alternativas electorales pregonadas tanto por el alcalde de Medellín como el de Ibagué.
iv. ¿En qué medida dicha sanción disciplinaria puede afectar la carrera del joven político Daniel Quintero? Quién lidera una de las principales ciudades del país, Medellín, capital departamental que, junto con Bogotá, se han convertido en una plataforma clave para futuras aspiraciones presidenciales.
v. ¿Hasta cuándo los políticos en ejercicio tendrán que seguir “ocultando” sus adhesiones electorales? ¿dicha situación no abre un debate de la necesidad de regular y legalizar algo que siempre se ha venido dando desde la clandestinidad?
vi. ¿En qué medida el apoyo de funcionarios elegidos por voto popular, pueden determinar el éxito o el fracaso de un candidato? Son muchos los ejemplos en los cuales dicha presunción no se ha dado.
Así las cosas, tal decisión de suspender durante tres meses de sus cargos a los alcaldes de Medellín e Ibagué, se pueden entender como una justicia salomónica, que busca proyectar cierta objetividad y transparencia de la Procuraduría, que como la gran mayoría de instituciones del país, cada vez gozan de menos credibilidad y confianza de la sociedad colombiana.
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