Un despacho seccional adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación en el Tolima acusó de manera formal a Alexánder Tovar González, ex secretario del interior de la Gobernación del Tolima, por su presunta responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La Fiscalía lo señala de haberse aprovechado de las funciones propias de su cargo para favorecer a un comunicador social con un contrato de servicios profesionales sin la observancia de los requisitos legales esenciales, asignándoselo de manera directa a esta persona.
Los hechos ocurrieron el 20 de febrero del año 2020 cuando le otorgó a su amigo, un contrato cuyo objeto era la prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de un comunicador social y periodista para la producción de material publicitario e informativo de las distintas acciones y programas de acercamiento a la comunidad que desarrollara la Secretaría del Interior en el desarrollo del proyecto, ‘Fortalecimiento de la Democracia con gobernabilidad participativa en el Tolima’ con un plazo de 180 días y por un valor de 24 millones de pesos.
Según los investigadores del CTI de la Unidad de Administración Pública, tanto los estudios del sector como los estudios previos fueron elaborados por el mismo acusado.
Se encontró que el contratista a quien conocía desde el año 2018 cuando fue diputado del Tolima, no cumplía con requisitos tales como el tiempo de experiencia pues apenas seis meses atrás se había graduado, y las condiciones para acceder al contrato era que tuviese como mínimo un año de experiencia profesional.
Se le dio apariencia de contrato abierto al público cuando no fue así, no hubo evaluación de idoneidad. Se violaron principios fundamentales en la contratación estatal de publicidad o transparencia sumado a la selección objetiva.
Asimismo, al término de esta audiencia de formulación de acusación la fiscal del caso solicitó al juez de turno la conexidad de otra investigación que el mismo despacho le sigue al exfuncionario, en la que beneficiaría igualmente a una persona cercana con dos contratos de agosto de 2021 y enero de 2022, sin siquiera ser profesional ni cumplir los requisitos de ley, ambos, por más de 30 millones de pesos.
Entre las irregularidades detectadas los peritos encontraron que no acreditó la experiencia del contratista y no se publicitó la convocatoria en el Secop (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) en los tiempos determinados por ley, pues se comprobó que una vez subió a la plataforma de contratación la información, a los siete minutos exactos ya se había suscrito el contrato, entre otras falencias.
La decisión si se aprueba o no la conexidad de los otros dos procesos
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