La discusión por el proyecto que propone crear una Sociedad de Economía Mixta para fortalecer la movilidad en Melgar sigue escalando. Mientras los concejales Kevin Jaraba, Karen Silva y Julieth Bejarano han advertido públicamente que la iniciativa representaría una supuesta “privatización” de la Secretaría de Movilidad, un antecedente aprobado por el propio Concejo ha llamado la atención de distintos sectores ciudadanos.
El 3 de diciembre de 2024 fue sancionado el Acuerdo Municipal 021, mediante el cual el Concejo autorizó al entonces alcalde para adelantar los trámites necesarios para celebrar un contrato de concesión orientado a la modernización tecnológica y operativa del control de tránsito en Melgar. El acuerdo contemplaba una concesión hasta por diez años para la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones (fotomultas), el apoyo logístico al proceso contravencional y el recaudo coactivo derivado de esas sanciones.
Además, el mismo acuerdo facultó al alcalde para fijar la participación económica del concesionario, estableciendo que el municipio recibiría como mínimo el 30 % de lo efectivamente recaudado, conforme a los estudios técnicos y financieros elaborados por la Secretaría de Movilidad.
Hoy, dos años después, el debate gira alrededor de un proyecto diferente. La Administración Municipal propone crear una Sociedad de Economía Mixta, modelo que, según el texto del proyecto, mantiene en cabeza de la Secretaría de Movilidad las funciones de autoridad de tránsito y busca atraer inversión privada para modernizar la infraestructura tecnológica del sistema.
Frente a este escenario, ciudadanos han comenzado a formular una pregunta que hoy alimenta el debate público:
¿Por qué un modelo de concesión fue respaldado en 2024 y ahora una Sociedad de Economía Mixta es presentada como una privatización?
Más allá de las posiciones políticas, el análisis de ambos proyectos muestra que se trata de figuras jurídicas distintas, por lo que el llamado es a que el debate se base en el contenido de las iniciativas y en los documentos oficiales que estudia el Concejo Municipal.
