El manejo de los recursos públicos del Concejo Municipal de Melgar quedó en el centro de la discusión pública luego de que el veedor ciudadano Ricardo Marín Burgos y el medio de comunicación Frecuencia Ver, en su sección El Filo, divulgaran una serie de presuntas irregularidades que, según lo expuesto, tendrían antecedentes desde el año 2020.
Los señalamientos apuntan a posibles inconsistencias en el manejo de las cuentas bancarias, la documentación contable y diferentes operaciones financieras realizadas durante varias vigencias. Sin embargo, las acusaciones requieren verificación documental y pronunciamientos de las autoridades competentes.
Uno de los aspectos más delicados mencionados por el veedor tiene que ver con supuestos pagos realizados desde cuentas del Concejo a plataformas de apuestas como Wplay, BetPlay y RushBet. De confirmarse estas operaciones, sería necesario establecer quién las autorizó, cuál fue su propósito y bajo qué concepto quedaron registradas en la contabilidad de la Corporación.
A estos señalamientos se suman presuntas inconsistencias en documentos bancarios, pagos anticipados de nóminas y sesiones, así como movimientos de recursos que habrían sido reintegrados posteriormente.
Entre las cifras expuestas aparecen un supuesto faltante de $35 millones correspondiente a 2022 y movimientos por aproximadamente $75 millones entre enero y octubre de 2024, sobre los cuales se habrían realizado reintegros. También se cuestiona una diferencia de $262,1 millones entre la ejecución presupuestal reportada para 2024 y los rubros relacionados en el informe ciudadano.
Esta última diferencia, por sí sola, no demuestra la existencia de un faltante, pues podría corresponder a conceptos presupuestales que no fueron incluidos en el resumen divulgado.
Archivos y responsabilidades administrativas
Otro episodio que genera interrogantes está relacionado con la documentación financiera de 2021. Según los señalamientos divulgados, algunos archivos habrían sido trasladados a una residencia y posteriormente sustraídos junto con un computador.
Sobre este hecho se necesita establecer quién autorizó el traslado, si se presentó una denuncia ante las autoridades y cómo se garantizó la recuperación de la información contable de la Corporación.
En este punto, la revisión debe comprender las diferentes administraciones del Concejo desde 2020, especialmente a quienes ejercieron la presidencia y a los secretarios generales durante cada vigencia, teniendo en cuenta sus respectivas funciones y responsabilidades sobre la administración, custodia documental y supervisión de los procedimientos internos.
No se trata de atribuir responsabilidades por ocupar un cargo, sino de establecer quién tenía a su cargo cada proceso, qué decisiones se tomaron y cuáles son los soportes que respaldan las operaciones cuestionadas.
El caso también recuerda que el manejo de los pagos a concejales de Melgar ya había sido objeto de investigaciones judiciales. En 2019, la Fiscalía imputó cargos a nueve exconcejales por presuntos pagos irregulares asociados a sesiones realizadas en 2014. Se trata de hechos diferentes y no deben confundirse con los nuevos señalamientos.
Las explicaciones que espera la ciudadanía
Según la publicación de El Filo, los señalamientos serían puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría Departamental del Tolima y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. También se menciona la posible existencia de denuncias que ya estarían radicadas ante organismos de control, información que requiere confirmación mediante los respectivos números de radicación.
Por ahora, las preguntas centrales siguen abiertas: ¿existieron pagos a plataformas de apuestas desde cuentas institucionales?, ¿qué soportes respaldan los movimientos de dinero mencionados?, ¿quién autorizó las operaciones?, ¿qué papel tuvieron las presidencias y secretarías generales de cada periodo en el manejo de los recursos y la documentación?
El Concejo de Melgar tiene la responsabilidad de ofrecer claridad sobre el manejo de sus recursos públicos. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administra cada peso y los organismos de control deberán determinar si existen irregularidades que ameriten investigaciones.
El Andino Noticias hará seguimiento a este caso, solicitará las explicaciones institucionales y consultará a quienes tuvieron responsabilidades administrativas durante los periodos señalados.
