El aumento de precios es histórico y está aunado a una serie de circunstancias internacionales y de asuntos nacionales que ya ha sido múltiplemente discutido por expertos. Por eso es necesario que las instancias gubernamentales procuren poner en funcionamiento una política pública cuyo objetivo sea el de disminuir el costo y aumentar la calidad de vida de los ciudadanos y con ello proteger especialmente a los niños y niñas, los adultos mayores y demás poblaciones que gocen de especial protección constitucional.
Nos encontramos entonces ante una responsabilidad humanitaria que requiere de respuestas rápidas, eficientes y articuladas ante el principal reto que se ha acrecentado con el fenómeno inflacionario y que se convierte en un flagelo en muchas ocasiones invisibilizado e ignorado: El hambre.
Para el Tolima existen tres propuestas iniciales; tanto coyunturales como estructurales y que pueden contribuir a enfrentar el hambre de cientos de familias; la primera a corto plazo es la entrega continúa de complementos alimentarios o el fortalecimiento de comedores comunitarios, pues ante el incremento desmesurado de precios es una realidad que muchas familias no cuentan con el poder adquisitivo para comprar los bienes más básicos de la canasta familiar en medio de la crisis que actualmente se presenta.
La segunda es a mediano plazo y consiste en incentivar y con ello proteger la producción de alimentos que sean fuentes de proteínas, verduras, legumbres y frutas en el renglón más básico; con el fin de generar alternativas a los requerimientos nutricionales que se están viendo afectados por el alto costo de alimentos como el arroz y la carne. Se necesita entonces el apoyo para los productores locales en ítems como la disminución en los precios de los insumos, la asistencia técnica, el apoyo económico a las asociaciones, el mejoramiento de las condiciones en las cadenas de comercialización o la oferta de créditos con tasas de interés diferenciales.
La tercera recomendación consiste en la que deberá ser una de las principales apuestas y se trata del mejoramiento y mantenimiento de la red vial terciaria y secundaria, muy a propósito de las inversiones anunciadas por el gobierno nacional. Ya que el costo de vida en los municipios lejanos a la capital puede ser aún mayor, toda vez que en el sector logístico cuanto más mal estén las vías, más costoso se convierte el transporte de los bienes requeridos por las familias; incluido el suministro de alimentos; así como más pérdidas se generan en la comercialización de los producidos en los territorios y con ello menores ingresos para los campesinos.
Una familia en Roncesvalles puede llegar a pagar un mercado con un costo adicional entre un 10 a un 20 % que el que puede adquirir una familia en Ibagué; o por su parte, un productor de leche o café en este municipio puede verse afectado con incrementos de hasta un 30 % en los insumos requeridos, adicionales a los que ya golpean estos sectores en el resto del país; todo ello derivado de las largas distancias y las condiciones en las que se puede realizar el transporte de carga.
Evidentemente, las causas de la inflación y el control de estas deberán ser afrontadas por las políticas macroeconómicas que el gobierno nacional implante, no obstante, mientras tanto los gobiernos a nivel territorial deberán empezar a atender lo más pronto lo que se podría convertirse en una de las peores amenazas del 2023.
Spanish