La Fiscalía General de la Nación presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, con funciones de control de garantías, a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por su presunta responsabilidad en el trámite y celebración de múltiples contratos en desconocimiento de varias normas y principios esenciales en la contratación pública.
De acuerdo con los elementos de prueba, luego de que el Presidente de la República le solicitó públicamente la renuncia, la noche del pasado 27 de febrero, la exfuncionaria habría ordenado dar por terminado de manera selectiva y subjetiva 104 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, los cuales tenían una vigencia de cuatro meses.
Cada uno de los contratistas que suscribió el acta de terminación anticipada argumentó motivos personales, situación que no correspondería a la realidad porque días después y por instrucción de la entonces ministra fueron contratados nuevamente, pero por un término de ejecución mayor, que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023.
En la investigación se estableció que, en apenas cuatro días, entre el 2 y 6 de marzo del año en curso, fueron celebrados los 104 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, en aparente desconocimiento de requisitos legales como:
• Ausencia de certificado de insuficiencia o inexistencia de personal de planta para cubrir las funciones que cumplirían los contratistas.
• Falta de justificación de la necesidad de contratar profesionales por prestación de servicios.
• Uso de certificaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social desactualizadas, que correspondían a periodos anteriores.
Para la Fiscalía, con estas actuaciones la exministra, al parecer, pretendía garantizar la continuidad laboral de referidos suyos o personas afines, de tal manera que no les fueran terminados los contratos con su salida del Ministerio del Deporte.
Por estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a la señora Urrutia Ocoró el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El cargo no fue aceptado por la investigada.
Spanish