Mary Anne Perdomo
En un fallo en firme emitido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, el alto tribunal determinó que la congresista por el departamento de Santander incurrió en una indebida destinación de recursos al mantener en la nómina de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a una persona que no ejercía las funciones asignadas, mientras el salario era percibido por un tercero sin vínculo laboral vigente con la Cámara de Representantes.
La investigación judicial dejó al descubierto un esquema irregular en la vinculación del personal de apoyo de la congresista santandereana. El caso se originó tras el retiro de una funcionaria de su UTL, en cuyo reemplazo formal fue nombrada una persona perteneciente al entorno familiar de la exasistente.
El tribunal analizó minuciosamente los registros de ingreso a las instalaciones del Congreso de la República, las comunicaciones internas de la oficina, la ausencia de productos legislativos a nombre de la persona contratada y la trazabilidad del dinero.
Con estos elementos, el Consejo de Estado comprobó que la persona nombrada en el papel no trabajó en la UTL, mientras que la antigua asistente —ya sin vínculo laboral vigente— continuó realizando las labores y percibiendo indirectamente el salario público a través de su familiar.
Nueva regla para el uso de recursos en el Congreso
A la par con el fallo definitivo, la Sala Plena dejó sentada una jurisprudencia clara frente al manejo de los presupuestos destinados a las UTL en el legislativo.
“La destinación indebida se consuma desde el momento en que se ha designado a quien no está legitimado para recibir la remuneración”, precisó la corporación.
El alto tribunal aclaró que este tipo de sanciones extremas no obedecen a un simple descuido en la supervisión de tareas o expedición de certificados, sino al hecho grave de direccionar recursos del Tesoro Público hacia personas que no desempeñan formalmente las funciones asignadas.
