La controversia surge en medio de las recientes alocuciones y balances de seguridad entregados por el Gobierno Nacional tras operaciones militares en las que fueron neutralizados cabecillas de grupos armados ilegales.
A través de un mensaje en video difundido en los canales oficiales de la entidad, la cabeza de la Defensoría del Pueblo fijó una postura crítica frente al lenguaje y los símbolos empleados por las autoridades al presentar dichos resultados a la opinión pública.
Los límites constitucionales de la Fuerza Pública
Aunque la funcionaria enfatizó que la neutralización de estructuras armadas y la protección de los ciudadanos constituyen un deber constitucional ineludible, subrayó que el ejercicio del monopolio de la fuerza por parte del Estado no es absoluto y debe ceñirse a los tratados internacionales de derechos humanos.
“El Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel. Precisamente porque es el Estado, su actuación tiene límites”, aseveró la defensora del Pueblo.
Crítica a la “escenografía” del poder
Uno de los puntos más agudos del pronunciamiento estuvo dirigido a los formatos con los que se han anunciado las bajas en combate ante los medios de comunicación. Marín argumentó que la muerte no debe convertirse en un espectáculo de autoridad ni en una herramienta de intimidación.
“Colombia conoce demasiado bien lo que ocurre cuando los cuerpos, la humillación y el miedo se utilizan para enviar mensajes de dominio. Ese no puede ser el lenguaje del Estado. No deberíamos normalizar que los cuerpos de personas muertas hagan parte de la escenografía de una declaración pública”, puntualizó.
Finalmente, la Defensoría reiteró que la verdadera fortaleza de las instituciones democráticas radica en no igualar las conductas de los grupos al margen de la ley, garantizando siempre el debido proceso y la dignidad incluso frente a los mayores contradictores del orden público.
