Un duro golpe judicial estremeció el panorama político de la capital del Tolima. Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima presentó ante un juez de control de garantías el material probatorio que vincularía a la mandataria local y a su círculo cercano con un presunto direccionamiento de recursos públicos.
Además de la alcaldesa Johana Aranda, la Fiscalía vinculó formalmente a las siguientes personas:
Johana Carolina Veloza Guio: Asesora de despacho.
Jéssika Soto Salas: Abogada de la Secretaría de Gobierno.
Edward Amaya Márquez: Exsecretario de Gobierno y actual director de noticias de un medio radial local.
Ernesto Alfonso Quiroga: Contratista adjudicatario del proceso.
De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía, la alcaldesa Aranda habría delegado el ordenamiento del gasto en su entonces secretario de Gobierno, Edward Amaya, presuntamente dando instrucciones para beneficiar a una empresa cuyo objeto social principal era el servicio de aseo en la Alcaldía y en colegios de la ciudad, careciendo por completo de experiencia en el suministro de comida para perros y gatos.
La investigación también reveló que para la licitación se habrían elaborado estudios con precios inflados y ajenos al mercado. Asimismo, se detectó que solo se solicitaron cotizaciones a dos contratistas, cuyos representantes legales mantenían vínculos de parentesco, eliminando cualquier posibilidad de pluralidad de oferentes.
Delitos y sobrecostos
El ente acusador señala que el contratista Ernesto Alfonso Quiroga se habría beneficiado directamente de este direccionamiento, obteniendo una ganancia ilegal de 34 millones 991 mil pesos por concepto de sobrecostos.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados —según su grado de responsabilidad— los delitos de:
Interés indebido en la celebración de contratos.
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Peculado por apropiación en favor de terceros.
Pese a la gravedad de las conductas señaladas, los cinco imputados no aceptaron los cargos, por lo que el proceso judicial continuará su curso en las etapas de juicio para determinar su responsabilidad penal definitiva.
