En una audiencia que sacude el panorama político y empresarial del país, la Fiscalía imputó a Ricardo Roa Barragán como presunto responsable del delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales. Pese a la gravedad de los señalamientos y las pruebas presentadas, el alto directivo no aceptó los cargos.
La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, revela que la campaña habría excedido los techos fijados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en dos momentos clave:
Primera vuelta: Un exceso de 1.388 millones de pesos.
Segunda vuelta: Un excedente de 276 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía, aunque Roa reportó un balance contable aparentemente legal en el aplicativo ‘Cuentas Claras’, la realidad financiera habría sido otra, ocultando gastos destinados a logística, publicidad y eventos masivos.
El material probatorio indica que el dinero extra se habría destinado a ruedas de prensa en hoteles de lujo, desayunos, transporte, alimentación y cierres de campaña. Además, se detectaron presuntos aportes de un sindicato que no habrían sido reportados debidamente.
Un hallazgo crítico de los investigadores señala un posible “maquillaje” contable: desembolsos generados en la primera vuelta habrían sido reportados en la segunda, y viceversa, con el fin de cuadrar las cifras ante la autoridad electoral.
Incertidumbre en Ecopetrol
La situación judicial de Roa genera un clima de incertidumbre en la estatal petrolera. Mientras el proceso avanza, analistas advierten sobre el impacto que esta imputación podría tener en la estabilidad corporativa de la empresa más importante de Colombia. Por ahora, el proceso continuará con la recolección de nuevas pruebas que determinen la responsabilidad penal definitiva del hoy procesado.
