La política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro vuelve a enfrentar fuertes cuestionamientos tras los recientes hechos de violencia registrados en distintas zonas del país, especialmente en departamentos como Arauca, Cauca y Norte de Santander.
En las últimas horas, el secuestro de varios uniformados y el incremento de acciones armadas atribuidas a grupos ilegales reactivaron el debate nacional sobre la efectividad de la estrategia de diálogo impulsada por el Gobierno con organizaciones criminales y grupos insurgentes.
Sectores políticos de oposición y expertos en seguridad aseguran que las estructuras armadas ilegales han aprovechado los espacios de negociación para fortalecer su presencia territorial, aumentar las economías ilícitas y expandir acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.
La situación más reciente se presentó en Arauca, donde fueron reportados nuevos ataques y retenciones ilegales que generaron preocupación entre autoridades regionales y comunidades afectadas por el conflicto armado.
Desde distintos sectores políticos comenzaron a surgir críticas directas contra la estrategia del Gobierno nacional. Líderes opositores aseguran que la “Paz Total” atraviesa uno de sus momentos más difíciles y advierten que el país enfrenta un deterioro progresivo de la seguridad.
Mientras tanto, desde el Gobierno defienden la política afirmando que los procesos de negociación requieren tiempo y que los hechos violentos son consecuencia de décadas de conflicto armado acumulado en los territorios.
El Ministerio de Defensa anunció nuevas medidas de seguridad y un refuerzo militar en zonas críticas del país, mientras organismos de derechos humanos pidieron garantías para las comunidades afectadas y protección inmediata para los uniformados retenidos.
Crece la presión política en medio del año electoral
La crisis ocurre en un momento clave para el panorama político colombiano, a pocas semanas de las elecciones presidenciales de 2026, donde la seguridad vuelve a posicionarse como uno de los temas centrales del debate nacional.
Analistas consideran que el deterioro del orden público podría influir directamente en el ambiente electoral y convertirse en uno de los principales puntos de confrontación entre candidatos de izquierda, centro y derecha.
Entretanto, la ciudadanía sigue reclamando soluciones concretas frente a la violencia, el control territorial de grupos armados y la protección de las comunidades más vulnerables del país.
